Una jueza federal de Maryland emitió este miércoles una orden preliminar que paraliza a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados.
La orden de la jueza Deborah Boardman se emitió tras una audiencia con cinco mujeres indocumentadas embarazadas, representadas por el Instituto de Defensa y Protección Constitucional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, destaca la cadena ABC.
Esas mujeres, junto a grupos de derechos civiles, argumentaron a favor de que se bloqueara la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento que Trump firmó tras jurar al cargo el pasado 20 de enero, y que forma parte de un grupo de medidas antiinmigrantes de su nuevo Gobierno.
De acuerdo con el fallo, la orden ejecutiva de Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución y afirma que negar ‘el precioso derecho a la ciudadanía causará un daño irreparable’ al país.
Trump, contra la ciudadanía por nacimiento reconocida en la Constitución
La Enmienda 14 establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
«La orden ejecutiva entra en conflicto con el lenguaje claro de la Enmienda 14, contradice un precedente vinculante de la Corte Suprema de 125 años de antigüedad y contradice la historia de 250 años de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación”, señala la decisión tras la firma de la orden ejecutiva de Trump.
“La Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado rotundamente la interpretación del presidente de la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14. De hecho, ningún tribunal del país ha respaldado jamás la interpretación del presidente. Este tribunal no será el primero”, indicó además Boardman.
La orden de Boardman tiene aplicación a nivel nacional y es más permanente que la de restricción temporal emitida el pasado 23 de enero por el juez federal John C. Coughenour, de Seattle, que también consideró ‘inconstitucional’ la orden ejecutiva de Trump.
‘Una orden judicial a nivel nacional es apropiada y necesaria porque concierne a la ciudadanía», indicó la Boardman.
Denuncian redadas sin orden judicial en Denver
Grupos civiles y el Gobierno de Aurora, en el área metropolitana de Denver (Colorado), denunciaron irregularidades en las redadas de este miércoles, como carencia de órdenes judiciales, retenes en las calles e interrogatorios a ciudadanos estadounidenses sobre si tenían vecinos indocumentados.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), con apoyo de la DEA y el FBI, informó hoy del arresto de un centenar de pandilleros del Tren de Aragua en Aurora (Colorado) y un número indeterminado de extranjeros, como parte de varias redadas que se llevaron a cabo en al menos once estados.
La Red de Respuesta Rápida de Colorado (RRRC), una organización proinmigrante que supervisa una línea directa para reportar actividades de ICE, denunció que «los agentes no han mostrado ninguna orden judicial» y que se interrogó a personas «sobre su estatus de ciudadanía y documentos de identidad cuando salían de sus apartamentos».
Una ciudadana estadounidense, residente en una vivienda de Aurora cercana a los apartamentos donde se realizó una redada, afirmó haber sido interrogada por seis agentes, quienes no solamente pidieron sus documentos, sino que le preguntaron sobre la situación migratoria de sus vecinos, según medios locales.
El gobierno de Aurora, donde ocurrieron tres redadas enfocadas en presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, aclaró que ni la ciudad ni el Departamento de Policía han estado involucrados en el desarrollo y la activación de ningún plan federal de aplicación de la ley de inmigración en esa localidad.
«La ley estatal de Colorado prohíbe a los gobiernos locales participar en la aplicación y detención típicas de la ley de inmigración. Nos centramos en hacer cumplir la ley estatal y local», señaló en un comunicado.
Redadas sin orden judicial
La concejala Crystal Murillo, de Aurora, indicó que su oficina recibió fotografías de arrestos de presuntos indocumentados en las cercanías de la Escuela Secundaria Hinkley.
Murillo, también directora de la Alianza Popular de Colorado (CPA), lamentó que ICE haya establecido «lo que parecía un puesto de control en el medio de la calle».
Otro retén de ICE se mantuvo activo en la transitada esquina de Leetsdale y Oneida, en el sureste de Denver, cerca de un edificio en donde detuvieron a un número no revelado de personas.
La Coalición de Colorado de Derechos de los Inmigrantes (CIRC) criticó que ICE llevó a cabo una redada «sin mostrar una orden judicial» y que impidió a las familias salir de sus hogares, incluso para llevar a sus hijos a la escuela.
Voluntarios de CIRC permanecerán en los sitios de las redadas «para presenciar, grabar, asesorar a los residentes sobre sus derechos».
Paul López, secretario de la Ciudad de Denver, recordó que cuando fue concejal aprobó una legislación para asegurar que todos los miembros de la comunidad puedan acceder a los servicios públicos de manera segura y sin temor.
Esas ordenanzas, explicó el funcionario, «prohíben que los empleados municipales, incluidos los agentes del orden, colaboren en la aplicación de actividades federales de inmigración, con pocas excepciones».
Esta mañana también se reportaron operativos de inmigración en Ohio, Georgia, Illinois, Arizona, California, Florida, Texas, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey, en algunos casos con gran cantidad de agentes y en otros casos arrestos individuales.
